Credito: AVN
El más reciente informe del Indice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc), que considera una canasta de precios de bienes y servicios, registró una variación intermensual de 3% para agosto y acumuló un incremento de 32,9% en lo que va de año.
Desde medios de comunicación privados se sostiene la tesis de que la inflación es siempre y en todas partes un problema monetario, por lo que el incremento de los precios está impulsado por el aumento en la cantidad de dinero en la economía y por lo tanto el gasto público que ejecuta el gobierno se convierte en el principal responsable de esta situación.
Pero qué tan real resulta esta afirmación, que es tomada como una verdad por algunos sectores ¿Las políticas que desarrolla el gobierno son la principal causa del aumento de los precios? ¿Cuál es el papel del sector privado en esta situación?
El economista Pablo Giménez, coordinador del Programa de Formación de Grado en Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), explica que hay distintas formas de analizar el problema de los precios.
"La primera liberal, que plantea que la inflación, el incremento relativo de los precios (de un determinado período de tiempo en relación con otro), es un problema monetario; y otra concepción, más crítica, que ve la inflación como una transferencia de riqueza de un sector a otro, es decir, de la población que trabaja hacia otro sector que detenta la propiedad sobre los medios de producción (grandes empresas, redes comerciales, medios de comunicación, etc)", indica.
Asimismo, recuerda que la economía venezolana mantiene un carácter monoproductor (petróleo y derivados) en donde existe un sector empresarial que basa, en buena medida, sus procesos de acumulación de recursos en la captación de renta petrolera, en subsidios, en transferencias, en créditos, la especulación cambiaria y el incremento de los precios.
"Quien fija los precios en una economía de libre mercado, como la que aún funciona en Venezuela, es el sector empresarial; quienes tienden, además, a ser más concentrados; es decir, cada vez expresan más sus rasgos monopólicos (una empresa, o un pequeño grupo de ellas, controla la mayor parte del mercado), y lo que caracteriza un monopolio es la fijación de precios", recalcó.
Para confrontar el aumento de los precios, el gobierno ha planteado profundizar la lucha contra las acciones de acaparamiento y usura por parte de las grandes cadenas comercializadoras y supermercados; la lucha contra el contrabando de extracción; y el incremento de la producción interna de bienes, en especial de alimentos, que concentran el 40% de los gastos de las familias. De hecho, el gabinete económico ha mantenido desde hace cinco meses reuniones con empresas del sector productivo con el objeto de alcanzar acuerdos para aumentar la producción. De estas reuniones ha transcendido que la principal empresa agroindustrial del país maneja casi el 50% del mercado de la harina de maíz precocida, y que apenas dos empresas se encargan de producir papel higiénico.
Además, el Estado aplica una serie de mecanismos como el control de precios de algunos bienes, en especial de alimentos de la cesta básica, y servicios. De igual manera, establece los mínimos y máximos de algunas tasas de interés, así como el salario mínimo y el ingreso mínimo legal.
Sin embargo, Giménez advierte que en la realidad práctica los precios con que se están transando bienes y servicios, en muchas ocasiones, están por encima del precio fijado. Por otro lado, afirma que los agentes económicos están trasladando su actividad productiva hacia otras ramas de la economía y a la especulación bancaria.
"Es más o menos lo que ha venido sucediendo desde 2007 hasta ahora. La fijación de precios en sí no es el principal responsable del desabastecimiento de ciertos productos, tal cual lo han venido posicionando a través de medios de comunicación algunos sectores empresariales, porque no es la primera vez que en Venezuela se fijan precios, incluso en otros países en el mundo se fijan precios", exclamó.
Análisis económicos estiman que más del 50% de los precios de los bienes y servicios producidos por el sector privado no están controlados, muchos de los cuales forman parte de la canasta de precios con que se calcula el Inpc, y por lo tanto son los dueños de los medios de producción, especialmente los grandes oligopolios y las cadenas de distribución, es decir, los intermediarios, quienes establecen sus márgenes de ganancia a través de los precios. Los primeros, los grandes oligopolios, fijan no sólo a qué precio venden los productos terminados, sino también a qué precio venden los insumos y también a qué precio compran la materia prima o los insumos que ellos emplean.
En Venezuela históricamente ha habido tasas de ganancias muy altas que superan el análisis comparativo entre distintas naciones; la banca venezolana, por ejemplo, registra este año márgenes de ganancias nominales de 51%, aunque se reconoce que los mayores porcentajes se presentan sobre todo en el comercio, en especial en la venta de alimentos y de vehículos.
Recientemente, un análisis difundido por agencias sobre la rentabilidad de los supermercados en España reseñaba cómo los grupos empresariales de distribución de alimentos, orientados a ofrecer precios más bajos, se consolidaban en este mercado como las firmas más rentables. Dicho reporte indicaba que las tasas de rentabilidad de establecimientos como Mercadona, Consum, Lidl y Grupo Día se ubicaban en 2,9 %, 2,03%, 2,14 y 1,56% para 2011.
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